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La lucha contra la corrupción a nivel municipal presenta grandes retos, desde una casi nula profesionalización de los servidores públicos, hasta la falta de independencia de las autoridades encargadas de la rendición de cuentas, indicaron expertos en la materia.

Oscar Jaimes, director de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), recordó que en el marco del Censo Nacional de Gobierno, Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (CNGMDT), esta institución identificó que uno de los temas sensibles para la corrupción a nivel local se encuentran en el ámbito de contratación de obra pública y servicios de los estados, ello al explicar que durante 2020 los gobiernos locales realizaron contratos por un monto superior a los 129,000 millones de pesos.

Jaimes sostuvo que de la anterior cifra, el 40% destinado a las obras públicas fue adjudicado de manera directa, mientras que para adquisiciones de arrendamientos fue de 42%, es decir, 4 de cada 10 pesos fueron utilizados para contratos realizados mediante adjudicación directa.

En cambio, aquellos contratos en donde hubo una licitación pública para contratar obra pública fue de sólo 18.5 por ciento.

Agregó que en lo referente al control, vigilancia y fiscalización, el INE observó un importante crecimiento en las auditorías aplicadas, pues en 2020 fueron 21,900, un aumento de 60% en comparación con lo realizado en 2018.

Mientras que las denuncias recibidas por incumplimiento de los servidores ascendió a los 68,000 recursos, una disminución del 18.3% con lo reportado en 2018. En el caso del número de procedimientos por responsabilidad administrativa, creció 38% en 2020.

Sin embargo, el funcionario del Inegi indicó que aunque hubo un incremento en el número de servidores sancionados, con cerca de 5,000 casos, recordó que nueve de cada 10 sancionados fue por faltas administrativas no graves, mientras que los servidores sancionados por faltas graves disminuyeron en 43 por ciento.

Servicio profesional

Mariana Campos, de México Evalúa, señaló que uno de los principales retos en materia anticorrupción, en específico para los municipios, es la falta de un servicio profesional para los funcionarios públicos, ya la mayoría sólo tienen de 1 a 3 años de experiencia.

“Cuando hablamos de nivel municipal, estamos hablando con funcionarios que no tienen mucha experiencia y que a lo mejor apenas están entendiendo de qué trata su cargo (…) Esto es preocupante porque una vez que lo descifran ya no siguen en el puesto y esto es un punto importante para el combate a la corrupción”, advirtió.

La experta detalló que las cifras indican que al no tener un servicio profesional de carrera, los funcionarios suelen llegar al puesto debido a que simpatizan con el partido en el poder y son fieles al líder político y no a los objetivos institucionales, lo cual, dijo, es un ingrediente para la corrupción, principalmente en áreas que tienen a su cargo el manejo de los recursos públicos.

Por su parte, Oliver Meza, doctor en Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), consideró que hasta el momento no existe la capacidad a nivel municipal para combatir la corrupción.

“Muchas contralorías a nivel municipal son seleccionadas, ya sean por las presidencias municipales o por algún grupo del ayuntamiento”, dijo, al tiempo que explicó que al no ser contrapesos reales, al final no tienen los elementos para actuar de manera independiente o incluso investigar casos de corrupción.

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